La sentencia subraya la obligación de la Administración de motivar todas las resoluciones que afecten a derechos e intereses legítimos. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, las resoluciones deben exponer de manera clara los fundamentos de hecho y de derecho que las sustentan. Esta motivación es crucial para que el administrado pueda entender las razones detrás de la decisión y, en su caso, defenderse adecuadamente frente a ella.

El tribunal señaló que, aunque la Delegación del Gobierno justificó la denegación citando el artículo 38 del Real Decreto 557/2011, no especificó qué requisitos no cumplía el centro educativo ni cómo se había llegado a esa conclusión. Por otra parte, las instrucciones administrativas invocadas para justificar la denegación carecen de rango normativo y no tienen capacidad de modificar lo dispuesto en el Reglamento de Extranjería.